El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach, considera que "no es necesario" reformar la ley de libertad religiosa de 1980 pues, a su juicio, "su contenido no establece discriminación".
Durante el acto de clausura de las VII Jornadas de Teología celebrado en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, el cardenal Sistach ha asegurado en este sentido que, atendiendo al contenido de la ley y la realidad de su aplicación, la normativa prevé los distintos supuestos que "se están dando fruto de la reciente inmigración de personas y grupos de distintas religiones".
Así, ha afirmado que la ley permite "una debida aplicación" y "respeta plenamente el derecho fundamental de libertad religiosa de los ciudadanos españoles y de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas". En cualquier caso, ha señalado que quizá el problema surja al aplicarla.
En cuanto a la laicidad del Estado, el cardenal ha remarcado que el principio de independencia y autonomía de la Iglesia y la autoridad política "no significa en absoluto una aconfesionalidad del Estado que pretenda reducir la religión a la esfera puramente individual o privada, desposeyéndola de todo influjo social" y ha defendido la presencia pública de la religión en la sociedad. "El Estado es laico pero la sociedad no lo es ni debe serlo", ha insistido.
Por todo ello, ha subrayado que el Estado debe promover "un clima social sereno", y "una legislación adecuada que permita a cada persona y a cada religión vivir y expresar libremente la fe". Además, ha indicado que también ha de permitir que cada confesión "disponga de los medios y espacios suficientes" para aportar a la convivencia social "la riquezas espirituales, morales y cívicas propias".
En esta línea, el cardenal Sistach se ha referido a las relaciones entre la Santa Sede y el Estado español así como a los acuerdos firmados con protestantes, judíos y musulmanes, y ha apuntado que "son la consecuencia necesaria de la valoración positiva del factor religioso por parte del Estado". Sin embargo, ha afirmado que estos acuerdos "no significan ningún privilegio" concedido a estas confesiones, como instrumentos jurídicos que son.
Finalmente, ha resumido que la laicidad "no puede convertirse en un motivo para el abandono de la moralidad" y ha criticado que algunas "leyes españolas y europeas, no solo contradicen la moral cristiana sino que atentan contra la ética natural".
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